Una demanda colectiva presentada en una corte federal acusa a la Oficina de Servicios para Niños y Familias (OCFS) de Nueva York de imponer aislamiento prolongado, condiciones antihigiénicas y privación de derechos básicos a menores de entre 12 y 21 años en centros de detención del norte del estado.

La acción legal, impulsada por la organización sin fines de lucro Legal Aid Society y la firma Jenner & Block, denuncia que los menores —algunos tan jóvenes como 12 años— son confinados durante semanas o meses en celdas pequeñas, sin baño, donde deben orinar y defecar en cubos o papeleras, y comer en esas mismas condiciones antihigiénicas.

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Los centros en cuestión, ubicados al norte de Nueva York, están destinados a jóvenes de 12 a 21 años y, según la demanda, se supone que funcionen como espacios de rehabilitación y tratamiento. Sin embargo, la OCFS —agencia estatal que también administra sistemas de cuidado temporal, adopción y protección infantil— estaría imponiendo de forma “rutinaria e ilegal” el aislamiento como castigo, privando a los jóvenes de educación, contacto social y servicios básicos.

La demanda señala que estos jóvenes solo tienen acceso a “recreación” individual en gimnasios vacíos, sufren severas restricciones sanitarias, y enfrentan escaso acceso a agua potable. Además, el aislamiento se aplica frecuentemente por presuntos malos comportamientos o debido a la falta de personal suficiente para gestionar adecuadamente las instalaciones.

El estado de Nueva York prohibió el uso del aislamiento en menores y adultos jóvenes en 2021, una medida que también rige en el sistema penitenciario federal. No obstante, la demanda argumenta que la OCFS continúa aplicando esta práctica, a pesar del consenso generalizado sobre sus efectos dañinos. Muchos de los jóvenes afectados padecen trastornos de salud mental, y el aislamiento prolongado les provoca ansiedad, síntomas depresivos, estrés postraumático, desregulación emocional y empeoramiento del comportamiento. Algunos han manifestado pensamientos o intenciones suicidas, según el documento judicial.

En junio de 2025, el sindicato que representa a empleados de la OCFS ya había alertado a legisladores estatales sobre estas prácticas. En una carta, describió las condiciones en los centros como “alarmantes” y señaló que la infraestructura deficiente ha causado “numerosas lesiones en el lugar de trabajo”. El sindicato calificó como “inconcebible” que jóvenes, predominantemente personas racializadas, sean sometidos a “condiciones miserables y deshumanizantes”.

Dawne Mitchell, jefa de abogados de la sección de derechos de menores en The Legal Aid Society, afirmó en un comunicado: “Los jóvenes alojados en centros de acogida operados por la OCFS tienen derecho a seguridad, dignidad y un trato apropiado para su edad”.

La demanda busca poner fin a estas prácticas y exigir responsabilidad al estado por violaciones a los derechos humanos de menores bajo su custodia.

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